Casi una docena de abogados penales presentó una querella contra el Consejo de Ministros en nombre de 116 familias que perdieron a una o más personas por covid-19.

Los abogados, especialistas en derecho penal en diferentes partes de España, actúan en contra el presidente del Gobierno, y  cada uno de los ministros, adjudicándoles la comisión de un homicidio imprudente, por cada una de las víctimas presentes en la querella.

En total son 3.268 familias las que han manifestado su deseo que querellarse, pero solo a 116 de ellas se les ha entregado el Certificado Médico de Defunción, necesario para interponer la acción.

Los abogados denunciaron que a estas familias en espera les han dado un plazo de varios meses para entregarles la documentación.

De acuerdo con el artículo 142 del Código Penal, el homicidio por imprudencia está castigado con penas de hasta 4 años por cada homicidio que, en este caso, podrían llegar a seis años.

Pero no se queda allí, los abogados explicaron en su texto podría ampliarse a otros delitos, como omisión del deber de socorro, prevaricación por omisión y contra los derechos de los trabajadores.

Otras personas podrían ser incluidas, como el doctor Fernando Simón, como colaborador necesario, por extender “información engañosa” a través de los medios de comunicación.

“Queremos que se les tome declaración a los 23 miembros del Consejo de Ministros y se les imponga una fianza, porque los familiares de los fallecidos consideran que han ocurrido omisiones y actuaciones muy graves que han costado la vida a más de 26.000 españoles”, explica la abogada Emilia Zaballos, presidenta de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, impulsora inicial de esta actuación ante los tribunales.