El Ministerio de Cultura ha decidido suspender la tramitación del real decreto de licencias para la inteligencia artificial (IA) generativa debido a la falta de consenso en el sector cultural. La medida busca proteger los derechos de los creadores en España y en el marco de la Unión Europea.

Según el comunicado oficial, el proyecto estuvo en consulta pública hasta el 10 de diciembre de 2024. Tras evaluar las aportaciones recibidas, el Ministerio ha optado por retirar la propuesta y abrir un proceso de diálogo con el sector cultural para abordar los desafíos de la IA generativa y su impacto en los derechos de autor.

El Gobierno espera que esta nueva fase de consultas permita encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica y la protección de los creadores. Este debate también se desarrolla en la Unión Europea, donde se trabaja en regulaciones sobre inteligencia artificial para garantizar un marco normativo adecuado.

Los desafíos legales de la IA: derechos de autor y regulación en debate

El avance de la inteligencia artificial (IA) ha generado importantes retos jurídicos y legales, obligando a las administraciones a desarrollar nuevas regulaciones para proteger los derechos de autor. Con este objetivo, se impulsó un real decreto para regular el uso de obras protegidas en el entrenamiento de modelos de IA, una propuesta que ha generado un intenso debate en el sector cultural.

El 18 de diciembre de 2024, diversas organizaciones de autores, artistas y profesionales del sector audiovisual, literario y escénico expresaron su rechazo a una normativa que permitiría a las entidades de gestión otorgar licencias colectivas ampliadas para el uso masivo de contenido creativo por parte de la IA. Estas entidades advirtieron que la medida podría legitimar prácticas que vulneran los derechos de los creadores.

«Así no»

Las organizaciones solicitaron, entonces, que se abordase al mismo tiempo la retirada de todos los modelos ilegales de inteligencia artificial ya existentes en el mercado y el reconocimiento de una indemnización económica por los usos ilícitos pasados que las empresas de IA han hecho de sus obras.

Con el lema «Así no», AA (Alianza Audiovisual), ADE (Asociación de Directores de Escena de España), FADIP (Federación de Asociaciones de Ilustradores/as de España), FECED (Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza) y UNICO (Unión de Correctores) trasladaron su preocupación a la subsecretaria de Cultura, Carmen Páez.

Según estas organizaciones, la redacción propuesta por el Ministerio dejaba la puerta abierta a que estas licencias puedan ser utilizadas por las empresas de IA para intentar subsanar, «con efectos retroactivos, las violaciones de los derechos de autor y de propiedad intelectual que ya han llevado a cabo» sin autorización por parte de autores, artistas y demás titulares de derechos y sin remunerarles por ello.

Y ya solicitaban un proceso «más pausado y reflexivo» en el que se escuche a todos los actores implicados y donde se analice el impacto que su inclusión tendría en el ecosistema artístico y cultural.