El Parlamento Europeo ha decidido continuar con el estudio y análisis de la situación que enfrentan los mutualistas en España, especialmente los profesionales de la abogacía que llevan décadas cotizando a través del sistema mutualista. En una reciente intervención ante el Comité de Peticiones de la Eurocámara, Salvador González, presidente de la Abogacía Española, expuso la grave problemática que afecta a este colectivo, que a pesar de haber cotizado durante 30 o 40 años, se enfrenta a pensiones mínimas e insostenibles al llegar a la jubilación. En concreto, González exigió la creación de una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), voluntaria y sin limitaciones, que permita a los mutualistas transferir sus derechos sin pérdidas.

El Comité de Peticiones de la Eurocámara ha decidido seguir adelante con la solicitud presentada por la Abogacía Española y ha instado a la Comisión Europea a seguir trabajando en el informe que evaluará la situación. Este paso marca un avance significativo en un proceso que no solo es crucial para los abogados españoles, sino también para otros profesionales autónomos de Europa que se encuentran en situaciones similares.

La situación de los mutualistas españoles

Salvador González destacó en su intervención que los mutualistas españoles, principalmente abogados, se encuentran en una situación precaria al llegar a la jubilación. Según su testimonio, “decenas de miles de profesionales de la abogacía han cotizado durante 30 o 40 años, pero hoy, al llegar a la jubilación, reciben unos 400 euros mensuales”. Esta cantidad, según González, es “insuficiente para una jubilación digna” y “no es compatible con la igualdad entre pensionistas ni con la sostenibilidad de los servicios de asistencia jurídica y acceso a la justicia”.

La crítica de la Abogacía Española se centra en la falta de una solución legislativa que permita a los mutualistas, que han cumplido con sus obligaciones fiscales y laborales, disfrutar de una pensión acorde con su esfuerzo. En su intervención, González remarcó que este problema no solo afecta a los abogados españoles, sino también a los profesionales de otros países que ejercen en España amparados por la normativa sectorial. Asimismo, destacó que “varios Estados miembros, como Portugal, tienen modelos similares que también generan efectos perjudiciales para los profesionales que se acogen a los sistemas mutualistas”.

Una propuesta legislativa insuficiente

En su comparecencia ante los europarlamentarios, González también se refirió a la proposición de ley que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados de España. Sin embargo, manifestó que la propuesta es “muy mejorable” y no aborda de manera adecuada las necesidades de los mutualistas, que demandan una solución integral. El presidente de la Abogacía Española solicitó a la Eurocámara que impulse una “pasarela legislativa” que permita la transición voluntaria de los mutualistas al RETA, el sistema público de pensiones, sin restricciones y sin pérdida de derechos.

El impacto europeo y los valores fundamentales de la Unión

González también subrayó que la falta de una solución adecuada a nivel nacional supone una vulneración del Derecho de la Unión Europea. En sus palabras, “la situación no es solo un fracaso nacional, sino una vulneración del Derecho de la Unión Europea”. En particular, el presidente de la Abogacía Española destacó que este problema “interpela directamente a los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la UE”, refiriéndose a principios fundamentales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales.

Al finalizar la sesión, Bogdan Rzoca, presidente del Comité de Peticiones, reafirmó el compromiso del Parlamento Europeo de seguir trabajando en la cuestión, instando a la Comisión Europea a continuar evaluando la situación y a enviar un informe escrito con su evaluación final. Rzoca también expresó su apoyo al colectivo de los mutualistas, señalando que, dada la edad de los afectados, “esperan que un gobierno justo les reconozca el trabajo realizado y les otorgue una jubilación adecuada”.

El camino hacia una solución

La petición presentada por la Abogacía Española en el Parlamento Europeo es una llamada de atención a las autoridades españolas y a las instituciones europeas. Si bien la propuesta legislativa nacional aún está en proceso, el respaldo de la Eurocámara abre una puerta a un mayor nivel de presión internacional para que se encuentren soluciones más eficaces y equitativas para los mutualistas. En este contexto, los próximos meses serán clave para observar cómo evolucionan los debates y si el sistema mutualista en España será reformado para garantizar una pensión digna para los profesionales que han dedicado su vida a la justicia.