España mejoró su posición con respecto a países europeos como Alemania, Austria, Estonia o Hungría en el acceso a los tribunales por muchos ciudadanos y ONG de defensa ambiental.

En esas naciones priva el principio “quien pierde, paga”, con la imposición de costas en ocasiones prohibitivas para que los ciudadanos y ONG puedan acudir a los juzgados especializados.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha organizado en la Representación de la Comisión Europea en España, Madrid, una Jornada sobre Acceso a la Justicia donde se ha constatado el avance de España en justicia medioambiental en el contexto europeo, así como las principales barreras que todavía persisten.

El principal avance debatido en la Jornada ha sido el punto de inflexión que supuso el Auto del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2019, donde se eximía a IIDMA del pago de los 11.260 euros a los que fue condenado el Instituto al ser desestimada su demanda contra el Plan Nacional Transitorio (PNT) de Grandes Instalaciones de Combustión.

Esta resolución anulaba por primera vez en España la tasación de costas aprobadas en un proceso judicial medioambiental a favor de una organización sin ánimo de lucro con justicia gratuita reconocida.