El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de dos años de prisión a una asesora jurídica acusada de estafar a varios inmigrantes a los que prometía regularizar su situación en España. La sentencia no es firme.

La sentencia ratifica también la obligación de indemnizar con 2.000 euros a cada uno de los cuatro afectados, aunque absuelve a la acusada del delito de intrusismo.

Ofrecía servicios como abogada sin estar habilitada

Según recoge la resolución, la condenada gestionaba una asesoría fiscal, contable y jurídica. Entre febrero y abril de 2021, contactó con extranjeros en situación irregular, ofreciéndose como abogada pese a no contar con la titulación ni estar colegiada.

A cambio de sus servicios, solicitaba 2.000 euros, prometiendo facilitar contratos de trabajo y la tramitación de permisos de residencia. Incluso llegó a empadronar a algunos de los afectados en su propia oficina.

Contratos sin validez y trámites fallidos

En al menos cuatro casos, la acusada entregó contratos laborales vinculados a una misma empresa y solicitó autorizaciones de residencia temporal por arraigo social, que finalmente fueron denegadas.

El tribunal considera probado que la acusada no participó personalmente en la tramitación de los expedientes, ni de forma presencial ni telemática ante la Administración. Además, se negó a devolver el dinero recibido.

El tribunal aprecia delito de estafa

Los magistrados concluyen que los perjudicados entregaron el dinero bajo la creencia de que la acusada era abogada y podía gestionar contratos reales. Subrayan que la cuantía exigida era desproporcionada para un servicio administrativo ordinario.

La sentencia sostiene que la acusada utilizó datos falsos para inducir a error a los afectados, cumpliéndose así los requisitos del delito de estafa recogido en el Código Penal.