Acudir a una clínica dental para realizarse un tratamiento suele comenzar con una revisión, un diagnóstico y, especialmente cuando el procedimiento tiene cierto coste, un presupuesto. El problema aparece cuando, una vez iniciado el tratamiento, la cantidad que finalmente se reclama al paciente es superior a la que se había indicado inicialmente. ¿Puede hacerlo la clínica? La respuesta dependerá de las circunstancias y, sobre todo, de si esos cambios han sido correctamente explicados y aceptados.

En España, la normativa que regula el ejercicio de la odontología establece que, cuando el paciente lo solicita, el profesional debe elaborar un presupuesto estimativo por escrito en el que se detalle el tratamiento, los servicios que se van a realizar y su coste.

Además, la Comunidad de Madrid recuerda que los usuarios de las clínicas dentales pueden solicitar por escrito el diagnóstico, el pronóstico y el presupuesto. Este último debe reflejar el precio completo del tratamiento, incluidos impuestos, posibles gastos adicionales y los descuentos que correspondan.

¿Qué ocurre si el tratamiento cambia?

Un presupuesto dental se elabora a partir del diagnóstico y de las necesidades que presenta el paciente en ese momento. Sin embargo, durante determinados tratamientos pueden aparecer situaciones que obliguen a modificar el procedimiento inicialmente previsto.

Por ejemplo, durante una intervención puede detectarse la necesidad de realizar una actuación que no podía conocerse con suficiente antelación. También puede ocurrir que la evolución del paciente haga recomendable cambiar una parte del tratamiento.

Esto no significa que la clínica pueda incrementar el precio sin informar previamente al paciente. Cuando se acude a un dentista en Madrid, es recomendable pedir desde el principio un presupuesto suficientemente detallado y consultar qué conceptos podrían generar costes adicionales.

Si surge la necesidad de modificar el tratamiento, el profesional debe explicar qué ha cambiado, por qué se recomienda una nueva actuación y cuáles son sus posibles implicaciones. La Ley 41/2002 establece como principio básico que cualquier actuación sanitaria necesita, con carácter general, el consentimiento previo del paciente después de haber recibido la información adecuada.

Por tanto, si aparece un tratamiento adicional que supone también un incremento del coste, lo recomendable es que esa modificación quede claramente comunicada y aceptada antes de realizarla, siempre que las circunstancias clínicas lo permitan.

No es lo mismo, por ejemplo, que el presupuesto indique claramente que determinadas pruebas o actuaciones se cobrarán aparte que encontrarse al terminar el tratamiento con conceptos adicionales sobre los que nunca se informó.

Qué hacer si la factura supera el presupuesto

Cuando el importe final es superior al esperado, el primer paso debería ser comparar detenidamente el presupuesto con la factura. Conviene comprobar qué tratamientos estaban incluidos, qué servicios se han añadido posteriormente y si existen documentos en los que el paciente haya aceptado esas modificaciones.

También es aconsejable conservar toda la documentación relacionada con el tratamiento: presupuesto, facturas, justificantes de pago, consentimientos informados, correos electrónicos y cualquier comunicación mantenida con la clínica.

Si existe una diferencia que no ha sido explicada, puede solicitarse a la clínica un desglose de los nuevos conceptos y una explicación por escrito sobre el motivo del incremento.

La propia normativa profesional establece también que el odontólogo debe emitir la correspondiente factura y, cuando proceda, facilitar el informe de alta solicitado por el paciente.

Si después de hablar con la clínica no se alcanza una solución, el consumidor puede presentar una reclamación. En la Comunidad de Madrid es posible solicitar una hoja de reclamaciones al establecimiento y presentar posteriormente la documentación ante los organismos competentes en materia de consumo.

En aquellos casos en los que existan cantidades importantes, tratamientos que no se correspondan con lo contratado o posibles daños derivados de la asistencia recibida, puede ser conveniente buscar asesoramiento jurídico antes de aceptar nuevos pagos o firmar documentación adicional.

La prevención, en cualquier caso, comienza antes de iniciar el tratamiento. Pedir un presupuesto por escrito, comprobar qué incluye exactamente y preguntar por los posibles gastos adicionales puede evitar buena parte de los conflictos posteriores. Y si durante el procedimiento se produce algún cambio, solicitar que quede documentado permitirá saber con mayor claridad qué se ha autorizado y qué cantidad corresponde pagar.