Por no proporcionar un seguro de responsabilidad civil que cubra el desempeño de su actividad profesional, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) llevó al Gobierno al Tribunal Supremo.

La organización informó que ha interpuesto un recurso contencioso ante Tribunal Supremo contra la inactividad del Gobierno, por “someter a los guardias civiles y a sus familias a una situación injusta que, según la ley, no tienen por qué soportar”.

La UO recordó que en 2015 se introdujo en la Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil y fianzas que cubriera a estos agentes en el desempeño de su actividad profesional.

“La administración concertará un seguro de responsabilidad civil, u otra garantía financiera, para cubrir las indemnizaciones, fianzas y demás cuantías derivadas de la exigencia de responsabilidad de cualquier naturaleza a los Guardias Civiles, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los mismos en el desempeño de sus funciones o con ocasión de las mismas, en los términos que reglamentariamente se establezcan”, cita el artículo 30.2 en un comunicado.

Ante la falta de contratación de ese seguro, explica UO, “los guardias civiles, ante cualquier indemnización derivada de su actividad profesional, deben responder con su patrimonio personal y familiar”.