Para los próximos nombramientos que haga el Consejo General del Poder Judicial sería importante que previamente se elabore un informe de impacto de género, propone la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).
La asociación se refiere a las presidencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y de las audiencias provinciales de Albacete, Lérida, Toledo y Zamora, cuyas bases para la selección fueron aprobadas la semana pasada.
En un comunicado, JJpD indicó: «Consideramos que existe un problema de discriminación sistémica o estructural de las mujeres en el seno de la carrera judicial respecto a este tipo de cargos, que debe ser abordado y regulado adecuadamente previa elaboración del correspondiente informe de impacto de género».
La premisa está basada en cifras: Desde el año 2013 las juezas y magistradas constituyen el 53,2% de los miembros de la carrera judicial y en 2018, el 47,9% de las magistradas reunían el requisito temporal de los más de 10 años de antigüedad que se exige para el nombramiento de órganos de gobierno judicial.
Pero, el porcentaje de presidentas de tribunales superiores de justicia sería del 7,1%; el de presidentas de salas de tribunales superiores de justicia el 20%; el de presidentas de audiencias provinciales el 16,3 %; y el de presidentas de secciones de audiencias 21,9%.
Para JJpD estas cifras están muy alejadas del 47,9% de magistradas en condiciones de optar a dichos órganos. “Todo ello tal y como se recoge en los votos particulares al reciente auto del pleno del Tribunal Constitucional núm. 119/2018 de 13 noviembre”, añade.