Hace doce meses comenzó la investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde entonces, el magistrado Juan Carlos Peinado no ha hallado indicios que confirmen la existencia de delito. Sin embargo, el caso se ha ampliado de forma significativa, incorporando a cinco personas como investigadas por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. En la actualidad, el juez examina la posibilidad de sumar una nueva acusación por malversación de caudales públicos, con el objetivo de determinar si existe implicación directa del Ejecutivo.

En relación con esta línea de actuación, el magistrado tiene previsto tomar declaración este miércoles a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La comparecencia se realizará en su despacho del Palacio de la Moncloa, lugar al que el juez ya se desplazó el pasado verano para interrogar, en calidad de testigo, al presidente Sánchez. En aquella ocasión, el jefe del Ejecutivo decidió no responder, acogido a su derecho a no declarar en una causa que afecta a su entorno familiar.

Ahora el juez, que ha prorrogado la causa seis meses, quiere centrarse en la contratación de la asesora personal de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, que está siendo investigada en el mismo procedimiento. Peinado basa su imputación en dos correos que ella envió en nombre de Begoña Gómez a patrocinadores de su cátedra extraordinaria de la Complutense para que renovaran el patrocinio.

La causa judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumple un año sin que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, haya encontrado, de momento, indicios de delito. Pese a ello, ha convertido el caso en una macrocausa con cinco personas investigadas por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Ahora el juez busca un quinto delito, malversación de caudales públicos, con el que poder involucrar de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, este miércoles tomará declaración a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Lo hará en su despacho del Palacio de la Moncloa, recinto donde el juez acudió el pasado verano para tomar declaración al presidente del Gobierno como testigo. Pedro Sánchez se acogió a su derecho a no declarar en una causa contra su esposa.

Ahora el juez, que ha prorrogado la causa seis meses, quiere centrarse en la contratación de la asesora personal de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, que está siendo investigada en el mismo procedimiento. Peinado basa su imputación en dos correos que ella envió en nombre de Begoña Gómez a patrocinadores de su cátedra extraordinaria de la Complutense para que renovaran el patrocinio.

El magistrado quiere preguntar a Bolaños sobre la contratación de Cristina Álvarez, en 2018, cuando él era el secretario general de la Presidencia del Gobierno. La declaración se producirá justo cuando se cumple un año de la apertura de la causa, a raíz de una denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, basada en recortes de prensa y que incluían alguna noticia falsa.

Manos Limpias y su denuncia

Begoña Gómez es la primera cónyuge de un presidente del Gobierno español investigada judicialmente. La denuncia de la entidad ultraderechista Manos Limpias fue presentada en los juzgados de Madrid con la única base de ocho noticias de medios digitales de la órbita conservadora, en abril del 2024, y que hacían alusión a la cátedra extraordinaria que ha dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. También se refería Manos Limpias al rescate con dinero público de la compañía Air Europa en plena pandemia.

La denuncia pivotaba en torno a las relaciones de Begoña Gómez con dos empresarios: Javier Hidalgo, dueño de Globalia y Air Europa, y Juan Carlos Barrabés, profesor en la cátedra de Begoña Gómez y dueño de Innova Next, una de las empresas de una UTE adjudicataria de concursos públicos.

Ambos empresarios obtuvieron ayudas públicas y Manos Limpias lo achaca a la influencia de la esposa de Sánchez. En el caso de Barrabés, también investigado en la causa, el pseudosindicato considera que una carta firmada por Begoña Gómez como responsable de la cátedra, avalando el proyecto de la UTE, podría ser considerado como un presunto delito de tráfico de influencias.