La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España por no completar la transposición de la Decisión marco sobre la orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre socios, o hacerlo de manera incorrecta.

Bruselas también abrió expedientes a Bélgica, Grecia, los Países Bajos y Hungría por las mismas razones.

La orden de detención europea es un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo de entrega a efectos de enjuiciamiento o de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad. Las emitidas por las autoridades judiciales de cualquier país de la UE son válidas en todo el territorio de la UE.

Funciona desde el 1 de enero de 2004 en sustitución de los dilatados procedimientos de extradición que solían existir entre países de la UE.

Un portavoz comunitario explicó que el caso español es similar al de Grecia y Hungría. España exige condiciones más estrictas para detener y entregar a sus propios nacionales en su territorio a otros Estados miembros, mientras que los requisitos son inferiores para entregar a ciudadanos comunitarios que se encuentren dentro de sus fronteras.