El Gobierno se enfrenta este martes a la primera prueba parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. El Congreso votará la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria sin que el Ejecutivo haya conseguido asegurar los apoyos necesarios para superar el trámite.

La votación se ha convertido en un termómetro para medir la capacidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reunir una mayoría que permita aprobar unas nuevas cuentas públicas. Tanto la oposición como algunos socios parlamentarios consideran que la tramitación presupuestaria podría terminar siendo utilizada como argumento para un eventual adelanto de las elecciones generales al primer trimestre de 2027.

El Gobierno tiene confirmados los votos en contra de PP, Vox y Junts. Esta última formación ha calificado de “frivolidad” presentar un proyecto presupuestario sin contar previamente con los apoyos suficientes.

El Ejecutivo tampoco tiene garantizado el respaldo del PNV ni de Podemos. La formación morada ha advertido en diferentes ocasiones de que no apoyará unas cuentas que contemplen un aumento del gasto destinado a defensa. Aunque el rechazo de PP, Vox y Junts ya impediría aprobar la senda, la posición del resto de los grupos determinará el alcance político de la derrota.

Un techo de gasto récord para las cuentas de 2027

El Congreso deberá pronunciarse sobre un techo de gasto de 226.032 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,6% respecto al establecido para los Presupuestos de 2025.

La senda propuesta por el Gobierno sitúa el déficit público en el 1,8% del producto interior bruto en 2027, en el 1,6% en 2028 y en el 1,5% en 2029. Para las comunidades autónomas se establece un margen de déficit del 0,1%, equivalente a aproximadamente 5.849 millones de euros.

Las comunidades gobernadas por el PP ya rechazaron esta propuesta durante la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Junts también se ha opuesto al considerar que la iniciativa es idéntica a la presentada a finales del pasado año, que tampoco logró superar la votación parlamentaria.

En caso de que el Congreso rechace este martes la senda de déficit, el Gobierno deberá volver a someterla a votación en un pleno extraordinario previsto para el 23 de julio. Si la propuesta vuelve a decaer, el Ejecutivo podría intentar continuar con la elaboración presupuestaria utilizando los compromisos fiscales adquiridos por España con la Unión Europea.

Hasta ahora, este mecanismo no se ha aplicado porque el Gobierno ha optado en anteriores ocasiones por no continuar con la tramitación de las cuentas tras perder la votación de la senda fiscal.

El debate sobre un posible uso electoral

La falta de apoyos ha alimentado las sospechas de que los Presupuestos podrían convertirse en un escaparate electoral. Podemos considera que Pedro Sánchez es consciente de que las cuentas no serán aprobadas, mientras que Sumar ha pedido elaborar unos presupuestos especialmente sociales que permitan “dar sentido” al tramo final de la legislatura.

Desde el PP también califican el proceso de estrategia electoral y sostienen que el debate presupuestario podría servir como una precampaña ante una posible convocatoria de elecciones.

El Ministerio de Hacienda rechaza estas acusaciones y asegura que existe un interés real en negociar con los grupos parlamentarios. Aunque dentro del Ejecutivo se admite la dificultad de aprobar tanto la senda de déficit como el proyecto presupuestario, el Gobierno mantiene que seguirá intentándolo.

Moncloa evita, por el momento, concretar cuándo aprobará el proyecto en el Consejo de Ministros. Fuentes gubernamentales se limitan a asegurar que el Ejecutivo se encuentra dentro de los plazos previstos, pese a que la Constitución establece que las cuentas deben remitirse al Congreso antes de que termine octubre.