El real decreto para la Ley de Formación Profesional ha entrado en vigor y tiene como finalidad desarrollar la Ley, en concreto la regulación de las iniciativas y programas de formación profesional para el empleo, los requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las competencias adquiridas por los trabajadores.
El decreto sirve para modificar el sistema de formación profesional para el empleo con el objetivo de extender una formación entre los trabajadores que mejore la empleabilidad y el desarrollo personal y profesional.
Además, también se ha incorporado el desarrollo del nuevo sistema integrado de información que permitirá disponer de una información ‘completa, actualizada permanentemente y verificable’ de las actividades formativas desarrolladas en todo el territorio nacional, facilitando su trazabilidad.
De esta manera, los gastos derivados del real decreto serán financiados por las administraciones públicas competentes en su gestión, a través de sus respectivos presupuestos. En el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el año 2017 se prevé la existencia de 1.086 millones de euros destinados a financiar iniciativas de formación dirigidas a trabajadores ocupados, y 897 millones para la formación de desempleados.