La Abogacía Española se mostró en contra del  anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, por contener, en su disposición final segunda, una modificación que ha causado un gran revuelo entre abogados y  aseguradoras.

La norma establece que las víctimas de accidentes de tráfico podrían tener que tributar por las indemnizaciones recibidas si las compensaciones se cobran mediante un acuerdo amistoso.

La Abogacía publicó un comunicado en el que se opone a esta modificación, tal y como ya lo había expresado en febrero del año pasado, en las observaciones al anteproyecto.

El anteproyecto prevé que las indemnizaciones que reciba una víctima dictadas por un juzgado sigan exentas de tributar en el IRPF, pero que aquellas que deriven “de un acuerdo de mediación o de cualquier otro medio adecuado de solución de controversias legalmente establecido” cuenten con la intervención de “un tercero neutral” y que “el acuerdo se eleve a escritura pública”.

La Abogacía consideró que “el requisito de que el acuerdo se plasme en escritura pública, es excesivo y no se justifica”, y además, reprocha la desconfianza  que muestra este texto hacia los medios adecuados de solución de controversias, algo que “no es coherente con el espíritu que inspira la reforma”.

En todo caso, se propuso que el requisito de plasmarlo en escritura pública “solo debería exigirse cuando en el acuerdo no haya intervenido un tercero independiente”.