Pequeños licitadores fuera del negocio por Ley de Contratos

Año y medio después de la entrada en vigor de la ley que regula los contratos con la Administración Pública no hay nada de lo prometido y los pequeños licitadores están fuera del negocio.

En marzo de 2018, la Ley hacía promesas de mayor transparencia, simplificación de los trámites y eliminación de las trabas burocráticas y administrativas. Pero, la compleja normativa no cumple su objetivo estrella de favorecer a los pequeños licitadores.

Es la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, llamada oficialmente de Contratos del Sector Público. Resultó de las exigencias europeas en materia de transparencia en la colaboración público privada.

Sin embargo, los juristas han destacado en varias ocasiones que, tal y como se ha adaptado al ordenamiento español, ha generado varios efectos perversos derivados de su implantación.

Uno de los aspectos clave de la reforma es que permite que todas las empresas interesadas puedan acudir a la fase previa de los procedimientos de licitación y conocer de primera mano los pliegos que se negocian y, además, ser consultados sobre ellos.

Sin embargo, este cambio se ha quedado solo en una buena intención. La Ley establece que la consulta a los operadores se hará de forma excepcional. Además, contempla que se pregunte en primer lugar a los expertos y a los colegios profesionales. “Tenemos contradicciones por todas partes. Esto choca con la idea de querer consultar a las empresas”, apuntó Francisco Rubio, socio de Xceptio Abogados.

Alejandro Villalobos

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