La Fiscalía General del Estado ha exigido que sea un delito el enriquecimiento injustificado introduciendo una ley en el Código Penal. De esta manera, se podrá perseguir a los funcionarios y cargos públicos en los que se constate una mejora de su situación económica que no puede explicarse de acuerdo con sus ingresos legales.

De hecho, la Memoria del año 2017 del organismo ha explicado que “crear la figura delictiva que castiga el enriquecimiento ilícito representaría un avance en aquellos casos en los que desde esa función pública hayan participado en actos de corrupción y hubieran resultado absueltos”.

Además, debería detectarse un incremento patrimonial relevante que delate una desproporción entre los ingresos legales, los declarados a la Hacienda, los reales y los necesarios para explicar la riqueza acumulada, sin que exista una justificación de su procedencia.

La propuesta de introducción de este tipo penal se encuadra dentro de un conjunto de medidas planteadas por la Fiscalía para mejorar la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. Asimismo, también se ha propuesto la creación de un subtipo agravado de organización criminal, que incremente las penas que castigan esta conducta cuando el grupo revista un carácter ‘mafioso’.

En realidad, el Parlamento de España trabajará en nuevas leyes económicas durante este nuevo curso político. De hecho, los diputados y senadores tendrán la tarea de culminar la tramitación de una serie de leyes del ámbito económico y arrancar el proceso para aprobar otras.