España quedó aliviada después que la justicia europea archivó una sanción de 80 millones de euros por el retraso de la aprobación de la nueva ley hipotecaria.
El país estaba en deuda con la directiva europea 2014/17 sobre Contratos de Crédito Inmobiliario, pues debió adaptar su legislación antes del 21 de marzo de 2016 y finalmente quedó aprobada el 15 de junio pasado.
España tardó más de tres años en adaptar la legislación nacional a las líneas maestras marcadas por la Unión Europea (UE), por lo que Bruselas llevó al país ante la justicia europea el 28 de abril de 2017 para que esta estudiara la imposición de una sanción de 80 millones de euros.
Esa cantidad era el resultado de la suma de los 100.000 euros por cada día de retraso en la aprobación de la nueva ley hipotecaria. El Gobierno español acabó finalmente de transponer la normativa el pasado abril, por lo que solicitó a la Comisión Europea que retirara la demanda.
El Ministerio de Justicia español informó en un comunicado la suspensión de la multa “al entender que España ha completado la transposición “con la entrada en vigor de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y del real decreto y la orden ministerial que la desarrollan”.