La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años de prisión a un promotor inmobiliario por un delito de estafa hiperagravada tras engañar a una pareja joven que pretendía construir su primera vivienda en la localidad madrileña de Arroyomolinos.

La sentencia considera probado que el empresario ocultó la grave situación económica de su empresa para obtener casi 97.000 euros que, en teoría, debían destinarse a la compra de una parcela y a la construcción de una vivienda unifamiliar, aunque finalmente el dinero nunca fue utilizado para ese fin.

El tribunal ha absuelto, en cambio, a la empleada administrativa de la empresa, al no haberse acreditado que conociera el plan fraudulento ni que tuviera capacidad de decisión sobre las operaciones económicas de la mercantil.

Un proyecto para construir su vivienda habitual

Los hechos se remontan a 2020, cuando una pareja de 24 y 25 años contactó con el promotor para adquirir un solar y construir en él su vivienda habitual mediante un sistema de autopromoción. En este modelo, el empresario debía encargarse de gestionar todo el proceso, desde el proyecto arquitectónico hasta la ejecución de la obra.

En octubre de 2020, ambas partes firmaron un documento de reserva para la compraventa de la parcela, por el que la pareja entregó 6.000 euros como señal. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, firmaron un contrato más amplio de prestación de servicios y construcción de obra nueva, con un presupuesto total de 304.000 euros.

Durante los meses siguientes, la empresa mantuvo con los compradores una aparente normalidad en el desarrollo del proyecto, con reuniones, comunicaciones y la preparación de la futura firma notarial para la compra del terreno.

La empresa no podía vender la parcela

El problema surgió cuando llegó el momento de formalizar la escritura. El promotor no acudió en dos ocasiones consecutivas a la notaría porque su empresa no tenía liquidez suficiente para cancelar la hipoteca que pesaba sobre el terreno, un requisito imprescindible para poder vender la parcela libre de cargas.

La investigación judicial determinó que el acusado ya conocía la grave situación económica de su empresa, que arrastraba deudas con proveedores y problemas financieros, lo que hacía prácticamente imposible cumplir con los compromisos adquiridos con los compradores.

A pesar de ello, el empresario continuó adelante con la operación e incluso siguió solicitando pagos a la pareja, llegando a pedir más de 11.000 euros adicionales pocos días antes de la fecha prevista para la firma de la compraventa.

Un engaño que provocó el perjuicio económico

La Audiencia Provincial descarta que se trate de un simpleincumplimiento contractual y considera que la conducta encaja plenamente en el delito de estafa.

Según la sentencia, el acusado generó un engaño previo al ocultar la verdadera situación económica de la empresa, creando en los compradores una confianza que les llevó a realizar distintos pagos.

Ese engaño provocó un error en las víctimas, que creyeron que la operación inmobiliaria podía ejecutarse con normalidad y que el dinero entregado se destinaría al proyecto de su vivienda.

Estafa hiperagravada por afectar a la primera vivienda

El tribunal considera que el acusado actuó con ánimo de lucro, utilizando contratos aparentemente legítimos para obtener liquidez para su empresa pese a saber que no podría cumplir con lo acordado.

La sentencia aplica el subtipo de estafa hiperagravada por dos motivos: el importe defraudado, cercano a los 97.000 euros, y el hecho de que la operación estuviera destinada a la adquisición de la primera vivienda de los perjudicados.

La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.