El Consejo de Ministros del Consejo de Europa ha dado su respaldo definitivo al Convenio para la Protección de la Abogacía, un hito en la salvaguarda del ejercicio profesional de los abogados y abogadas en toda Europa. Este tratado, que ha contado con el impulso decidido del Consejo General de la Abogacía Española, es el primero de carácter internacional en establecer garantías específicas para la profesión jurídica.

El convenio ha sido fruto de un trabajo de casi una década, liderado tanto por la abogacía española como por sus homólogos europeos. Su objetivo principal es asegurar que los profesionales del derecho puedan desempeñar su labor sin injerencias indebidas, amenazas o restricciones arbitrarias. Además, establece estándares comunes para la protección del ejercicio de la abogacía y el acceso sin trabas a la defensa legal.

La necesidad de este acuerdo se ha vuelto aún más evidente ante el incremento de ataques a la profesión en diversas partes del mundo. Estos ataques incluyen desde agresiones físicas y acoso hasta la imposición de trabas que dificultan la relación abogado-cliente. Con la ratificación de este convenio, los Estados miembros deberán adoptar medidas concretas para garantizar la seguridad e independencia de los abogados en su labor diaria.

El proceso de aprobación ha requerido intensas negociaciones en las últimas semanas. Durante la Conferencia de Presidentes de las Abogacías Europeas en Viena, Thierry Wickers, presidente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), expresó su preocupación a su homólogo español, Salvador González, por la falta de respaldo del Gobierno de España. Gracias a la gestión del Consejo General de la Abogacía Española, se han llevado a cabo contactos directos con altos representantes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, lo que finalmente ha permitido desbloquear la situación.

Como resultado de estas negociaciones, España ha retirado las reservas que mantenía respecto al convenio, lo que ha desbloqueado su aprobación y ha evitado un posible efecto contagio en otros Estados miembros. Tras esta decisión, el texto seguirá su curso hacia la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde será evaluado antes de abrirse el proceso de firma y ratificación por los países miembros.

El presidente del CCBE, Thierry Wickers, ha reconocido públicamente la labor de la Abogacía Española, destacando su papel clave en la defensa de la independencia profesional y su capacidad de influencia en las decisiones gubernamentales. Desde el Consejo de la Abogacía Europea, se valora este convenio como un referente crucial en la protección del ejercicio de la abogacía y, en última instancia, en la garantía del derecho de defensa a nivel global.