Renovado el convenio entre Ayuntamiento de Santander e Icacantabria para asesorar sobre alquileres e hipotecas

Renovado el convenio entre Ayuntamiento de Santander e Icacantabria para asesorar sobre alquileres e hipotecas

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El Ayuntamiento de Santander y el Colegio de Abogados de Cantabria (Icacantabria) unieron fuerzas en un convenio que han decidido ampliar para ofrecer asesoramiento en materia de hipotecas y alquileres a los ciudadanos.

Esta labor se sumará a la de intermediación hipotecaria que ya se llevaba a cabo desde esta entidad colegial, mediante letrados que ofrecían su ayuda a aquellos ciudadanos cuyas viviendas “corrían peligro” por falta de pago de la hipoteca.

Así, los abogados intermediaban ante las entidades bancarias para poder solucionar la situación de impago sin tener que llegar a la ejecución. Para prestar este servicio, el Colegio seleccionó a abogados especializados que, por turnos, atendían dos días a la semana, miércoles y viernes.

Este servicio de intermediación ha tenido mucho éxito, ya que el pasado año, tan solo dos expedientes acabaron en ejecución de los 23 que fueron gestionados por la Oficina de Intermediación Hipotecaria, localizada dentro del Icacantabria.

Ahora, con la ampliación del convenio, se duplicará la cuantía que el Consistorio aporta al Colegio de Abogados, pasando de los 9.600 euros a casi 20.000 euros, según han informado Gema Igual, alcaldesa de Santander, y Andrés de Diego, decano deI Icacantabria.

Además, el Ayuntamiento ha propuesto al órgano colegial ampliar el convenio para que, además de esa intermediación hipotecaria, se asesore a los santanderinos en materia no sólo de hipotecas y sus posibles “cláusulas abusivas”, sino también en cuanto alquileres.

Este asesoramiento se ofrecerá sin necesidad de que un problema con la hipoteca o el alquiler haya derivado en un procedimiento judicial aunque, de llegar a ello, De Andrés ha indicado que se derivaría al afectado al servicio de justicia gratuita para la tramitación del expediente.

El Ayuntamiento ha recalcado que actualmente trabaja en la elaboración de un protocolo antidesahucios a través del cual se mejore la coordinación entre instituciones y los juzgados. De hecho, ya tiene un borrador que ha sido facilitado a todos los grupos políticos.

 

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