El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a acceder a 16 cuentas bancarias vinculadas a Alberto González Amador, Gloria Carrasco y sus respectivas sociedades. La decisión se produce seis meses después de que los investigadores solicitaran formalmente esta diligencia dentro de una pieza separada sobre presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

El magistrado Antonio Viejo ha aceptado parcialmente la petición planteada por la UCO. Por el momento, la autorización se limita a la información bancaria y no permite a los agentes consultar los datos tributarios, societarios o de la Seguridad Social de las personas y empresas investigadas.

La Guardia Civil podrá examinar los movimientos realizados desde el 1 de enero de 2014, debido a que los hechos analizados estarían relacionados con operaciones comerciales y relaciones jurídicas desarrolladas durante varios años.

La investigación se centra inicialmente en los movimientos bancarios

La resolución judicial considera que el análisis de las cuentas constituye la actuación prioritaria antes de ampliar la investigación a otros ámbitos. Dependiendo de los resultados obtenidos, el juzgado podría autorizar posteriormente el acceso a información fiscal, mercantil o laboral.

El objetivo de esta diligencia es reconstruir el patrimonio de los investigados y comprobar si se produjeron incrementos económicos que pudieran estar relacionados con las operaciones examinadas en la causa.

La autorización afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Ambos figuran como investigados en una pieza separada abierta inicialmente por la jueza Inmaculada Iglesias.

La UCO había solicitado acceso a tres grandes bloques de información, correspondientes a los datos bancarios, societarios y tributarios. Sin embargo, el juez ha optado por autorizar únicamente el primero, al considerar que el acceso a información económica personal debe cumplir criterios de necesidad y proporcionalidad.

Los datos financieros se encuentran protegidos por el derecho constitucional a la intimidad, aunque la jurisprudencia permite su consulta cuando existe una autorización judicial motivada y la medida resulta necesaria para esclarecer hechos que podrían tener relevancia penal.

La compra de una sociedad está bajo investigación

Una de las operaciones analizadas es la adquisición en 2020 de la sociedad Círculo de Belleza SL. González Amador compró la empresa a Gloria Carrasco por aproximadamente medio millón de euros.

La investigación trata de determinar si ese importe respondía al valor real de la compañía o si pudo utilizarse para encubrir algún tipo de compensación económica relacionada con otras operaciones empresariales. La sociedad había registrado una facturación limitada durante el ejercicio anterior a su venta y disponía de pocos activos materiales.

Las diligencias se encuentran todavía en fase de investigación, por lo que no existe ninguna conclusión judicial definitiva sobre la naturaleza de la operación ni sobre la responsabilidad de las personas implicadas.

Una de las hipótesis investiga una operación de compraventa de material sanitario realizada durante 2020. Fernando Camino habría intervenido desde su posición como consejero de una empresa gallega para facilitar la adquisición de productos de protección por un importe cercano a los 42 millones de euros.

Según la línea de investigación, la empresa vendedora habría acordado previamente el pago de una comisión del 4,5% a González Amador por las ventas obtenidas. Los investigadores analizan si una parte de esa cantidad pudo canalizarse posteriormente mediante la compra de Círculo de Belleza SL.

La facturación con Quirón también forma parte de las diligencias

Otra hipótesis plantea que el pago de medio millón de euros pudo estar relacionado con el crecimiento de la actividad empresarial de González Amador con Quirón Prevención. El juzgado intenta determinar si existió alguna relación entre el precio abonado por la sociedad y el aumento de la facturación generada con la compañía sanitaria.

La incorporación de la UCO a las pesquisas fue acordada por la anterior titular del juzgado. Los agentes identificaron estas actuaciones con el nombre de operación Cirbelia, aunque necesitaban una autorización judicial específica para comenzar el análisis detallado de la documentación económica.

La reciente resolución permitirá iniciar la revisión de los movimientos bancarios, identificar transferencias, localizar posibles relaciones entre las sociedades y comprobar el destino de los fondos vinculados a las operaciones investigadas.

La causa continuará abierta mientras la Guardia Civil recopila y analiza los datos. Las personas investigadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia y cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada mediante una resolución judicial firme.