La nueva ley de protección de datos, RGPD, trae novedades importantes. A partir de ahora las empresas que manejen datos personales necesitan nombrar a una persona como delegado de protección de datos (DPO). En realidad, es una nueva figura obligatoria si se respeta la aplicación del reglamento.

Además, el texto legal de la reforma de la Ley insiste en su obligatoriedad para todas las autoridades y organismos públicos, así como para empresas que realicen una observación habitual y sistemática de las personas a gran escala o que tengan entre sus actividades principales el tratamiento de datos sensibles.

Entre otras cosas, según especifica el artículo 39 del RGPD, el nuevo delegado tiene entre sus funciones informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen de la gestión de las obligaciones que les incumben en virtud del reglamento, así como supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, entre otras cosas.

Asimismo, el DPO debe de cooperar siempre con la autoridad de control y actuar como punto de contacto del regulador para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36.

El delegado de protección de datos debe ser nombrado atendiendo a sus cualificaciones profesionales, debe conocer bien la legislación y la práctica de la protección de datos y los conocimientos en materia jurídica le serán de ayuda.

Por otra parte, la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española ha nombrado a José Luís Piñar como delegado de Protección de Datos de la Abogacía. El motivo de la incorporación es que el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos requiere un puesto como ese, mientras que es aplicable para corporaciones de derecho público.