El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha expresado su preocupación por la creciente utilización del procedimiento sancionador abreviado por parte de la Administración tributaria, alertando que esta práctica puede comprometer las garantías fundamentales de los contribuyentes.

Durante el I Congreso de Derecho Tributario del ICAM, celebrado el pasado jueves, el decano Eugenio Ribón, la diputada Roberta Poza y el presidente de la Sección de Derecho Tributario, Gabriel Casado, coincidieron en señalar que el uso sistemático de este procedimiento ha dejado de ser una excepción para convertirse en una práctica habitual. Según Ribón, “defender al contribuyente frente a los posibles excesos del poder no es defender el fraude, es defender la legalidad, la proporcionalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la tutela judicial efectiva”.

El procedimiento sancionador abreviado permite a la Administración imponer sanciones sin necesidad de una resolución motivada, lo que limita la capacidad del contribuyente para conocer los motivos de la sanción y ejercer su derecho a la defensa. Esta falta de motivación puede generar situaciones de indefensión, especialmente cuando los contribuyentes no tienen acceso a la información necesaria para impugnar la sanción de manera efectiva.

Además, los expertos del ICAM destacaron que la automatización de los procedimientos sancionadores, sin una supervisión adecuada, puede dar lugar a errores sistemáticos que afecten a los derechos de los contribuyentes. La ausencia de un control humano en la imposición de sanciones aumenta el riesgo de que se vulneren principios fundamentales del derecho tributario, como la legalidad, la proporcionalidad y la seguridad jurídica.

En este contexto, el ICAM ha instado a las autoridades competentes a revisar y modificar la normativa vigente para garantizar que los procedimientos sancionadores respeten plenamente los derechos de los contribuyentes. Asimismo, ha solicitado que se refuercen los mecanismos de control y supervisión en la aplicación de sanciones, asegurando que se mantenga un equilibrio entre la lucha contra el fraude fiscal y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La posición del ICAM resalta la importancia de mantener un sistema tributario justo y equitativo, donde las sanciones sean impuestas de manera transparente, motivada y con pleno respeto a los derechos de los contribuyentes. En este sentido, la abogacía desempeña un papel crucial como garante del Estado de Derecho, velando por la legalidad y la justicia en el ámbito tributario.