El fiscal general de Texas, Ken Paxton, prometió que usará todo el peso de su oficina, incluido sus amplios poderes investigativos, para tomar represalias contra Twitter por decisiones editoriales con las que no está de acuerdo.

Esta promesa la hizo cuando la red social suspendió después del asalto al Capitolio, el 6 de enero, al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por considerar que incitaba a la violencia a través de su cuenta.

Pero ahora, en su demanda presentada en California, Twitter acusa al fiscal de represalias en su contra.

Paxton anunció una investigación sobre Twitter y otras cuatro empresas tecnológicas por considerar que buscaban quitar al exmandatario su principal tribuna pública.

El objetivo de Paxton es hacer que las tecnológicas entreguen registros relacionados con sus políticas de moderación, así como información sobre comunicaciones internas.

Es lo que quiere evitar Twitter con esta demanda, alegando que la Primera Enmienda le protege para “tomar decisiones sobre el contenido que se difunde a través de su plataforma” y acusa a Paxton de “intentar silenciar la libertad de expresión”, que es, curiosamente, la misma acusación que lanzan contra la red social muchos conservadores simpatizantes de Trump.