Las estafas que se han producido en los últimos meses sobre el alquiler de inmuebles turísticos han llamado la atención hasta del Tribunal Supremo, que ya dictó condiciones para el trámite. Pero el Colegio de Registradores busca normar esos procedimientos.

El gremio informó que está preparando un servicio de certificación y registro para el alquiler de inmuebles turísticos, que sirva para poner orden en el sector y acabar con los problemas que se presentan.

Las denuncias de los consumidores ante el Colegio de Registradores van de casos extremos como excónyuges que ponen en alquiler en las plataformas la vivienda de su expareja o viviendas con una orden de ejecución que se lleva a efecto en el momento de entrar los consumidores.

Y entonces, el consumidor, español o extranjero, descubre que no tiene casa al llegar al inmueble, que supuestamente ya tenía alquilada.

Este servicio que ofrecerá el Colegio está blindado, pues los Registros de la Propiedad poseen datos que ayudarán a realizar un control importante: información legal que afecta a las viviendas; los estatutos de las comunidades de vecinos; y las limitaciones de uso de cada inmueble.

Las comunidades autónomas, que con la competencia sobre el turismo, también regulan el hospedaje turístico. Y el problema comienza en que no hay contacto entre ellas, no hablan entre sí, por lo que las legislaciones territoriales son contradictorias unas con otras.

Pero está la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que acaba de publicar una sentencia en la que incluye cinco medidas que pueden incluir en sus sistemas las comunidades autónomas, lo que constituye un importante paso adelante, que ha dejado fuera de juego la desregulación planteada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).