El uso del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita aumenta un 5% en el 2017

El uso del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita aumenta un 5% en el 2017

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El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita fue desarrollado por el Consejo General de la Abogacía Española, bajo la infraestructura tecnológica RedAbogacía, y con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el acceso al servicio. de En lo que va de año, se han generado más de 400.000 expedientes, lo que supone un aumento del 5 por ciento con respecto al mismo período en el año anterior.

Hasta el 31 de julio de 2017, se han generado 408.668 expedientes electrónicos de Justicia Gratuita, mientras que el número de personas que hicieron uso de la herramienta en el mismo período del anterior año fueron tan solo 389.289. Con este aumento se espera que a finales de 2018, se generarán más de 640.000 tramitaciones de expedientes electrónicos de Justicia Gratuita.

La Comunidad que más aumento ha registrado es Castilla y León con un 12 por ciento, alcanzando las 19.392 solicitudes electrónicas de acceder a los servicios del Turno de Oficio. Por detrás de ella se encuentra Cataluña, con casi 56.000 expediente e Islas Baleares con más de 11.100 tramitaciones digitales.

El éxito de la herramienta radica en las facilidades que aporta a los ciudadanos a la hora de acceder al servicio de Justicia Gratuita. Los trámites son más simplificados y se acortan los plazos para obtener la documentación necesaria, evitando los desplazamientos y el tiempo de espera ante las ventanillas de cada una de las Administraciones competentes.

De igual manera, la digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad. Por su parte, los colegios de abogados aseguran el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica y mejora las gestiones al reducir los plazos de obtención de la información al unificarla en un único expediente estándar.

Las Administraciones Públicas también se benefician de esta herramienta, ya que aceleran el servicio ofrecido al ciudadano y reducen los posibles fraudes ante la Administración optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión de este servicio a los ciudadanos.

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