España tendrá que enfrentar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la denuncia de la Comisión por imponer sanciones desproporcionadas a los contribuyentes españoles por no notificar los activos poseídos en otros Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo (Modelo 720).

En esta temporada de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) España exige que los contribuyentes residentes notifiquen los activos que poseen en el extranjero, tales como propiedades, cuentas bancarias y activos financieros.

Si esa información no se notifica en el tiempo establecido y en su totalidad, el contribuyente estará sujeto a sanciones superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación puramente nacional. Estas sanciones, incluso, pueden superar el valor de los activos poseídos en el extranjero.

En 2016, a tres años de aplicarse por primera vez esa declaración, los datos del Ministerio de Hacienda revelaron que tan solo otras 5.000 personas la presentaron fuera de plazo (hasta llegar a las 136.500), por lo que los asesores fiscales consideran que podría haber más de dos millones de personas que siguen sin declarar sus bienes en el extranjero.

La Comisión Europea considera que estas sanciones por el cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima son desproporcionadas y discriminatorias. Pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único.

En la denuncia, Bruselas expresa que estas disposiciones entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE, tales como la libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.