La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizó finalmente la convocatoria para ocupar la presidencia de ocho instancias judiciales en España. Una decisión que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales de Valladolid, Valencia, Castellón y A Coruña y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El órgano de gobierno de los jueces informó en un comunicado que, en el caso de la Audiencia Nacional se convoca la plaza por estar vacante desde el 2 de mayo, cuando expiró el mandato de cinco años del actual presidente, José Ramón Navarro Miranda.

Mientras, en el TSXG la plaza de presidente sale a concurso como consecuencia de la jubilación de Miguel Ángel Cadenas.

Asimismo, el CGPJ ha acordado publicar la convocatoria de la presidencia de las audiencias provinciales de Valladolid y Castellón, vacantes por vencimiento del mandato de cinco años de sus respectivos presidentes, los magistrados Feliciano Trebolle Fernández y José Manuel Marco Cos, respectivamente.

En el caso de la Audiencia Provincial de Valencia, la vacante se produce tras haber sido declarado el magistrado Fernando de Rosa Torner en situación de servicios especiales para presentarse como candidato al Senado en las pasadas elecciones generales.

Y en la de A Coruña, por el reciente nombramiento de su presidente, José Luis Seoane Spiegelberg, como magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

La Comisión Permanente también ha acordado publicar la convocatoria de la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por vencimiento del mandato de Eduardo Menéndez y la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, donde también ha vencido el mandato de María Concepción García Vicario.

La convocatoria es de obligatorio cumplimiento después que en diciembre el Parlamento modificó el artículo 326.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de acabar con la discrecionalidad imperante hasta entonces en el nombramiento de estos cargos.

Lo único que se exigía hasta ese momento era poseer una antigüedad de 15 años en la carrera judicial.

Ahora, los aspirantes tendrán que aportar una relación de los méritos que acrediten sus conocimientos jurídicos, un programa de actuación encaminado a la mejora de funcionamiento del órgano judicial y una memoria que identifique las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica que hayan dictado.