La Audiencia Provincial de Cantabria tiene previsto celebrar el juicio contra dos managers acusados de estafar más de 75.000 euros a una cantante y a su madre, que también ejercía como su representante. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el acusado principal y dos años para la segunda implicada, además de multas económicas e indemnización a las perjudicadas.

Según el Ministerio Público, ambos procesados se habrían aprovechado de la relación de confianza con la artista para hacerles creer que estaban gestionando la firma de un contrato con una discográfica, lo que motivó que las víctimas realizaran varios pagos creyendo que eran necesarios para cerrar el acuerdo.

Un ingreso de más de 75.000 euros en una cuenta de los acusados

De acuerdo con la acusación, la cantante y su madre ingresaron 75.322 euros en una cuenta bancaria convencidas de que pertenecía a la compañía musical con la que supuestamente iban a firmar. Sin embargo, la cuenta era en realidad titularidad de los dos managers investigados.

Posteriormente, cuando las afectadas contactaron directamente con la discográfica, esta les comunicó que había recibido únicamente 29.000 euros por servicios, y que el contrato previsto no llegó a formalizarse por causas atribuibles a los acusados.

La Fiscalía aprecia un delito de estafa agravada

El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un delito de estafa agravada. En el caso del principal acusado, además, solicita la aplicación de la agravante de reincidencia por haber sido condenado anteriormente por un delito similar.

Por ello, la Fiscalía pide para él cuatro años de prisión y 3.600 euros de multa, mientras que para la segunda procesada reclama dos años de cárcel y 2.400 euros de multa, además de la obligación conjunta de indemnizar a las víctimas con los 75.322 euros presuntamente estafados.

La acusación particular, ejercida por la artista afectada, solicita una condena más elevada para ambos acusados. En concreto, reclama cuatro años de prisión para cada uno, junto con una multa de 4.500 euros y el pago íntegro de la cantidad presuntamente defraudada en concepto de responsabilidad civil.

El juicio, que ya había sido aplazado en dos ocasiones anteriores por la incomparecencia de una de las procesadas, se retoma ahora con medidas cautelares adoptadas previamente por el tribunal para garantizar su presencia durante la vista.