El juez Manuel García Castellón ha solicitado al Tribunal Supremo imputar a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del actual Gobierno de España y líder del partido Podemos, por revelación de secretos con agravante de género, denuncia falsa y daños informáticos.

Por su condición de diputado, Pablo Iglesias solo puede ser imputado por el TS. Primero, el Supremo deberá pedir un informe al fiscal y, en caso de que decida imputar al vicepresidente, tendrá que pedir su suplicatorio al Congreso y que esa autorización se apruebe por mayoría absoluta, lo que implicaría el voto a favor del PSOE.

El caso Dina se remonta al año 2015 y es una pieza separada en la investigación que realiza la Audiencia Nacional sobre el caso Villarejo. El nombre hace referencia a la exasesora de Podemos, Dina Bousselham, que en noviembre de 2015 denunció la desaparición de su teléfono móvil, que contenía imágenes íntimas de ella y conversaciones estratégicas sobre Podemos.

En julio de 2016 se publicaron en Ok Diario, varias noticias con imágenes del dispositivo robado y en noviembre de 2017 se registró la vivienda de Villarejo y se encontró un disco duro y un pendrive con dos carpetas (DINA-2 y DINA 3). Por este motivo, Villarejo fue imputado y dimitió como director general de información de Moncloa.

Según la investigación, la tarjeta llegó a Villarejo a través de dos redactores de la revista Interviú, quienes entregaron una copia al director del Grupo Zeta, Antonio Asensio.

Según señala el magistrado Castellón, Asensio entregó la tarjeta a Pablo Iglesias el 20 de enero de 2016 y la retuvo durante un tiempo, apunta el juez. Además, Bousselham declaró en un primer momento que cuando recibió la tarjeta de parte de Iglesias, estaba “prácticamente inservible”. La exasesora cambió de versión después de que a Iglesias le retiraran la condición de perjudicado en la causa, exculpándole en una carta.

Pablo Iglesias se presentó como perjudicado en la causa el 27 de marzo de 2019 y declaró la existencia de “una trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios”.

Pero García Castellón le retiró la condición de perjudicado en mayo de este año, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, cuando Bousselham reconoció que fue ella misma quien había hecho y enviado algunos de los pantallazos de las conversaciones en las que aparecía Iglesias y que acabaron publicados en este y otros medios de comunicación, pese a que lo había negado anteriormente ante el juez.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le devolvió la condición de perjudicado el pasado mes de septiembre, después de que no se pudiera comprobar que fuera Iglesias quien causó daños en la tarjeta.

Ahora, sin embargo, Castellón vuelve a pedir su imputación porque considera:

1. Que la denuncia realizada por Iglesias es falsa y que todo forma parte de un plan del líder de Podemos para presentarse como víctima pocas semanas antes de unas elecciones generales.
2. Que fue Iglesias quien dañó la tarjeta, a pesar de que la Policía Científica ya concluyó que no se podía demostrar que lo hiciera.
3. Que Iglesias accedió a datos e información íntimos que poseía Bousselham en su teléfono móvil.

Reacciones

Desde Podemos “no dan crédito” a la petición del magistrado y consideran que es un capítulo de lo que consideran una trama contra su formación. Personalidades del partido, como Yolanda Díaz, Jaume Asens o Pablo Echenique ya han salido en defensa del vicepresidente.

Por el contrario, desde el Partido Popular ya han pedido la dimisión de Iglesias y Pablo Casado ha solicitado a Pedro Sánchez el “cese inmediato” del vicepresidente.