Un juzgado de Madrid anuló el cese del que fuera director de Hacienda, Transportes y Movilidad del Ayuntamiento de Móstoles, que denunció casos de corrupción.
Al entender que su desvinculación de la corporación municipal vulneró la garantía de indemnidad que protege al empleado público de las represalias de sus superiores, el Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo tomó la decisión a su favor.
De acuerdo con la sentencia, a la que se puede recurrir, en cumplimiento de una obligación legal y de los deberes propios del ejercicio de sus funciones, el funcionario denunció ante las autoridades judiciales conductas presuntamente delictivas de que tenía conocimiento, cometidas en el seno de la administración en la que presta sus servicios.
Esto ocurrió hace dos años, cuando el denunciante (Sergio) acusó a autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Móstoles, por lo que horas después fue cesado por pérdida de confianza, tras sufrir diversos episodios de hostigamiento.
Este hecho, fundamental para acreditar la relación directa entre la denuncia y el cese, ha quedado demostrado en el juicio.
La juez también ordenó al Ayuntamiento abonar una indemnización por daños morales de 8.000 euros, justificada en el desasosiego y zozobra en la esfera personal, social y profesional causada en el demandante.