El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un Real Decreto ley con medidas urgentes para adaptar el Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La norma de la Unión Europea impuso importantes modificaciones en la legislación interna, y que aún no han sido refrendados en el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos.

Tras la entrada en vigor, se creó un vacío legal que dificulta su aplicación en España, por lo que el Gobierno de España ha tenido que agilizar los trámites mediante un Real Decreto para no dejar desprotegida la privacidad de los ciudadanos.

El Real Decreto-ley tendrá vigencia sólo hasta el momento en el que las Cortes aprueben el proyecto de ley que, aunque fue llevado al Congreso en noviembre de 2017, su tramitación parlamentaria aún sigue pendiente.

Los aspectos que regula el Real Decreto-ley son los relacionados con la inspección, el régimen sancionador y el procedimiento de instrucción, esenciales para la garantía efectiva del derecho a la protección de los datos personales, puesto que aportan seguridad jurídica.

En este sentido, el Real Decreto-ley establece cuál es el personal competente para realizar las tareas de investigación previstas en el RGPD y regula el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección.

Aunque el reglamento europeo establece sanciones aplicables en España, no regula los plazos de prescripción. El Real Decreto-ley incorpora el novedoso régimen sancionador del RGPD y reemplaza los tipos infractores previstos en la todavía vigente Ley Orgánica. Además, ratifica el régimen actual en cuanto a la duración de los procedimientos sancionadores, que será de seis meses, aunque podrán incluir actuaciones previas de investigación durante un plazo máximo de doce meses.

En cuanto a la prescripción de las sanciones, el Real Decreto-ley mantiene los mismos tiempos que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, por lo que fija un plazo de un año para las inferiores a 40.000 euros, dos años para las comprendidas entre 40.000 y 300.000 euros y tres años para las superiores a dicha cuantía.