Las maniobras atribuidas a Leire Díez para intentar desactivar causas judiciales que afectaban al Gobierno se habrían extendido también al terreno político y judicial relacionado con la ley de amnistía. Según la documentación incorporada a la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, Díez habría considerado al Tribunal Supremo como uno de los principales obstáculos para culminar con éxito la aplicación de la norma pactada con Junts.

La ley de amnistía, aprobada en marzo de 2024, fue acordada con Junts con el objetivo de beneficiar, entre otros, al expresident catalán Carles Puigdemont. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó aplicarla al dirigente independentista al considerar que la malversación era un delito no amnistiable. En ese contexto, Díez habría planteado una estrategia orientada a desacreditar al alto tribunal y obtener información comprometedora sobre jueces y fiscales.

El Supremo como objetivo de la estrategia

La documentación recoge un archivo titulado “Acciones Cataluña.doc”, creado por la propia Díez el 27 de abril de 2025. En esas notas, la exmilitante socialista habría señalado que uno de los obstáculos para avanzar con mayor rapidez en el asunto de la amnistía era el Tribunal Supremo. También habría indicado que estaban cerca de cerrar acuerdos con el excomisario José Manuel Villarejo y el exsecretario de Estado Francisco Martínez.

El objetivo de esos contactos habría sido acceder a documentación de Villarejo, especialmente aquella relacionada con el Tribunal Supremo, jueces y fiscales. En otro documento, fechado el 19 de noviembre de 2024 y titulado “2024-11-19 Incumplimientos.doc”, Díez habría señalado directamente al magistrado Manuel Marchena, al dar relevancia a unas supuestas pruebas que, según sus notas, tendría Villarejo.

En ese archivo se recoge una referencia en la que se afirma que Villarejo tendría pruebas que demostrarían la corrupción de Marchena, aunque el texto no aporta más detalles sobre el contenido de esa supuesta documentación.

La Operación Cataluña y la comisión del Congreso

La estrategia atribuida a Díez también habría utilizado como eje la llamada Operación Cataluña, el presunto dispositivo policial y parapolicial desplegado durante los gobiernos del Partido Popular para investigar a dirigentes y entornos del independentismo catalán durante los años del procés.

En el documento sobre acciones vinculadas a Cataluña, Díez habría fijado como objetivo prioritario acelerar los trabajos de la comisión de investigación del Congreso creada en diciembre de 2023 tras un pacto del PSOE con los partidos independentistas. Su propósito habría sido elaborar conclusiones y trasladarlas a la Fiscalía.

La documentación también anticipa una denuncia por parte de varias personas consideradas víctimas de la Operación Cataluña. Entre ellas figuran el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y miembros de las familias Sumarroca y Cierco, propietarios de la Banca Privada de Andorra. Según las notas recogidas, Díez habría colaborado activamente para que esa denuncia saliera adelante.

Contactos con Rosell y Boye

El sumario también recoge contactos de Leire Díez con figuras del ámbito catalán. Una de ellas es Sandro Rosell, con quien habría mantenido reuniones para recabar información sobre la investigación que afectó al expresidente del Barcelona. En esas conversaciones, Díez también le habría dado cuenta de reuniones celebradas en la Fiscalía General del Estado.

Otra figura relevante es Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont. Díez se habría reunido con él en enero de 2025 y habría mantenido conversaciones posteriores. Según el texto, el interés de Díez en Boye se centraba en la tesis de que el letrado habría sido víctima de un sistema de escuchas considerado ilegal y manipulable.

Esa tesis, según el acta del agente de la Guardia Civil Rubén Villalba, habría sido utilizada por Díez para tratar de cuestionar causas judiciales. En una reunión, ambos habrían hablado de la operación relacionada con Sito Miñanco y el abogado de Puigdemont, así como del sistema de escuchas empleado por la Policía Nacional. Según el relato del agente, Díez consideraba que esa circunstancia podría echar por tierra varias causas judiciales.

El caso sitúa de nuevo a Leire Díez en el centro de una investigación sobre presuntas maniobras para influir en procedimientos judiciales y recabar información sensible. La documentación apunta a una estrategia que no solo habría buscado incidir en causas concretas, sino también en el desarrollo político y judicial de la amnistía.