Una juez de Teruel condenó a la Administración Pública central y autonómica por no proteger a tiempo al personal sanitario de la pandemia de Covid-19.

Fue la titular del Juzgado de lo Social de Teruel quien objetó la gestión pública hecha ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

En concreto, la condena es por no garantizar la seguridad de sus trabajadores, al no proveer de mascarillas y material sanitario a sus médicos y enfermeros a tiempo.

Desde el punto de vista del juzgado, la Administración central y las autonómicas tenían indicios suficientes desde el 30 de enero, de que el virus se acabaría propagándose en el país, por lo que existió pasividad a la hora de actuar.

La decisión vino por la demanda presentada por el Sindicato FASAMET, que defiende los derechos e intereses del personal funcionario, estatutario y laboral que presta sus servicios asistenciales y no asistenciales en centros sanitarios de la Diputación General de Aragón (DGA), Servicio Aragonés de Salud (Salud) e Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Tras una larga exposición cronológica de la situación, la jueza condena a la Administración empleadora a que provea a todos estos trabajadores de los equipos de protección individual necesarios para evitar el contagio. Entiende vulnerados sus derechos fundamentales y se apoya prácticamente en un único argumento: no existe imprevisibilidad, porque la OMS desde el pasado 30 de enero viene informando de la necesidad de una vigilancia activa, y ello era conocido por las CCAA y las Consejerías.