El Gobierno ha alcanzado un principio de acuerdo con los agentes sociales en el marco del diálogo social para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) derivados de la crisis sanitaria y de la suspensión de determinadas actividades durante al estado de alarma, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la negociación.

En concreto, el texto de este preacuerdo, que podría sufrir modificaciones de última hora para conseguir el sí definitivo de la patronal, contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTEs de fuerza mayor derivados del Covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad).

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press y que está elaborado en forma de Real Decreto-ley, establece que no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales. Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que, a 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores.

De acuerdo con este borrador del preacuerdo, que será sometido este viernes a la consideración de los órganos de dirección de las organizaciones sindicales y empresariales, a partir del desconfinamiento se facilitará la transición de ERTEs de fuerza mayor a ERTEs por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción y se permitirá que estos últimos se tramiten mientras estén vigentes los primeros.

La regulación que se dio a mediados de marzo a los ERTEs por fuerza mayor derivados del Covid-19 establece una exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores.

En el caso de los trabajadores que se queden en el ERTE y sigan con sus contratos suspendidos, la exención empresarial será del 60% en mayo y del 45% en junio para empresas de menos de 50 trabajadores, y del 45% en mayo y del 30% en junio para las que tengan más de 50 empleados. Todas estas exenciones podrán ser prorrogadas en los mismos términos o en otros distintos si así lo decide el Consejo de Ministros.

Este compromiso de mantenimiento del empleo se considerará incumplido si se despide a cualquier trabajador afectado por el ERTE, aunque con excepciones (despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad total, absoluta o gran invalidez y extinción de un contrato temporal por finalización de su vigencia o por el fin de la obra o servicio contratado). En el caso de incumplimiento de esta cláusula, las empresas deberán devolver todas las cuotas de las que fueron exoneradas, con recargo e intereses de demora.

Este preacuerdo sobre la extensión de los ERTEs tendrá que ser ratificado por las distintas organizaciones, tanto sindicales como empresariales. Así, CEOE ha convocado a su Comité Ejecutivo a una reunión a las 9.00 horas de este viernes.

El objetivo de esta negociación sobre los ERTEs era conseguir que, tras el estado de alarma, aquellos sectores que necesiten mantener los ERTEs puedan hacerlo para salvaguardar el empleo y evitar cierres empresariales y que aquellos que se vayan recuperando puedan reincorporar a trabajadores incluidos en estos procedimientos de manera progresiva. La Seguridad Social informó el pasado martes de que 3,38 millones de ocupados estaban incluidos en ERTEs.