La Ley Orgánica Penitenciaria de España y el Reglamento que la desarrolla no tienen en cuenta a los reclusos con discapacidad. En la actualidad, hay más de 4.800 personas con discapacidad den las cárceles, lo que significa el 9,5% de la población reclusa, un asunto que disiente con lo expuesto en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La investigadora del Instituto de Derechos Humanos ‘Bartolomé de las Casas’, Patricia Cuenca, ha realizado un análisis sobre normativa penitenciaria y su adaptación a la Convención de la ONU.
El análisis aporta los últimos datos de Instituciones Penitenciarias sobre la población reclusa con discapacidad en España al finalizar el año 2017, con 4.823 personas, casi el 10% del total.
Por ello, la Convención de la ONU señala la necesidad de que el entorno penitenciario sea no solo accesible a las personas con discapacidad, sino también favorezca su participación en el día a día de las prisiones con las mismas oportunidades que el resto de los internos.
Por otra parte, las personas con discapacidad ya pueden ser parte de un jurado popular ya que el 14 de febrero de 2018 ha entrado en vigor la reforma de la Ley del Tribunal del Jurado, el cual permite a las personas con discapacidad física o psíquica formar parte de los jurados populares.