Colegios deberían tener protocolos contra el abuso sexual

Sí es necesario que los colegios implanten protocolos de detección de abusos sexuales a menores, pues son sitios donde generalmente se descubiertos los casos.

La sugerencia del Tribunal Supremo viene de una sentencia del 17 de octubre, que se centra en los problemas para detectar este tipo de casos e incide en la importancia de la optimización de los protocolos escolares para ello, cuando los padres no suelen conocer los hechos.

El Supremo analiza que los menores “guardan silencio por el miedo a las represalias y aceptan la victimización hasta que los hechos son detectados por responsables de un centro escolar, o por denuncias de amigos o amigos de la víctima ante sus propios profesores”.

El magistrado Magro Servet, ponente en un caso específico, razonó que estos protocolos son “una herramienta sumamente eficaz, cuya mayor y mejor plasmación se verifica en los centros escolares, que es en donde los menores víctimas de delitos sexuales pueden contar en su intimidad a sus amigos la situación de la que son víctimas, lo que en casa se niegan a contar por miedo o vergüenza”.

El magistrado afirma que, en estos casos, afirma el magistrado que “los responsables de los centros escolares se encuentran en mayor disposición real de poder detectar el abuso sexual que en otro contexto personal o social”.

El colegio, al no tener este tipo de protocolos, podría verse incluso como cómplice involuntario del abuso, al no haber dado una respuesta adecuada al problema, reflexiona el ponente en base a opiniones de expertos en abuso sexual. Por lo que, la existencia de un protocolo puede reducir este tipo de casos.

La sentencia del Tribunal Supremo confirmó la condena a 16 años de prisión impuesta a un hombre que agredió sexualmente a una escolar de 14 años de forma reiterada a cambio de suministrarle dinero y droga, que luego ésta distribuía entre sus compañeros para lograr integrarse y ser aceptada. Las agresiones sexuales se descubrieron a raíz de la intervención de un orientador del centro escolar al que acudía la víctima.

Alejandro Villalobos

Read Previous

Juez Alaya propone endurecer penas por corrupción

Read Next

Comunidad de Madrid invierte 5 millones de euros en justicia gratuita