Abogacía Española no está de acuerdo con la autorización del CGPJ a la AEAT para solicitar datos de abogados y procuradores

Abogacía Española no está de acuerdo con la autorización del CGPJ a la AEAT para solicitar datos de abogados y procuradores

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El Consejo General de la Abogacía Española no está de acuerdo en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorice que los tribunales y juzgados proporcionen datos a la Agencia Tributaria (AEAT) sobre las actuaciones de abogados y procuradores en los procesos judiciales de los años 2014, 2015 y 2016.

Así, la AEAT podría solicitar la identificación del abogado interviniente con indicación de nombre completo, NIF, número de colegiado, las fechas de inicio y de cese del procedimiento, naturaleza del mismo, el juzgado o tribunal donde se ha celebrado, localidad e importe de cada procedimiento judicial

La opinión de la Abogacía Española es que esta medida siembra “de forma indiscriminada e injustificada” la sospecha sobre la actuación de los letrados. Además, considera que la solicitud de datos de la AEAT es un requerimiento sumamente escueto, carente de motivación y falto de concreción, por más que se refiere a información desprovista de contenido tributario.

Este mecanismo de recopilación generalizado de carácter masivo, sin la adecuada justificación y por ello sin amparo en el marco normativo, se hace, además, sobre casi 23 millones de asuntos judiciales de los que la Agencia Tributaria ya dispone de completa información.

En una nota distribuida este martes, el CGAE recuerda que los abogados, como cualquier otro profesional, están sometidos a las normas de tributación legalmente establecidas y cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales, por lo que esta solicitud de la AEAT sobre asuntos que están en los juzgados y tribunales “no hace sino extender la sospecha sobre un colectivo determinado como son los profesionales de la Abogacía”.

Añade que la Agencia Tributaria ha requerido una información semejante a determinados Colegios de Abogados, los tribunales económico-administrativos han resuelto que eran contrarias a la legalidad.

Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía Española estudiará la impugnación del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial y la solicitud de suspensión cautelar del mismo, aunque se congratula de que este órgano se haya opuesto a que también se faciliten los datos del cliente, tal como pedía la Agencia Tributaria inicialmente.

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