Según los cálculos del colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), los autónomos declaran a Hacienda unos ingresos entre 8.000 y 12.000 euros por debajo que los de los asalariados y pensionistas, que muestran claras diferencias en función de la comunidad autónoma de residencia.
En un comunicado, los técnicos de Hacienda sospechan de que pueden existir “otros motivos ocultos” por los que casi la mitad de los autónomos, en total más de 1,5 millones, declara ganar menos de 12.000 euros anuales, es decir, que se encontrarían en el colectivo de los denominados como ‘mileuristas’.
Descontando a los 543.255 autónomos que declaran pérdidas, poco más de un millón de empresarios no tributarían en nuestro país con ese bajo nivel de renta, dado que la tributación en el IRPF por debajo de 12.000 euros es cero.
Según Gestha, estos datos son “llamativos” y hace saltar las “alarmas” el hecho de que casi uno de cada cinco autónomos con trabajadores a cargo declare de media menos ganancias que por las que tributan sus propios empleados.
“La incongruencia entre la rentabilidad declarada por el negocio y la contratación del personal se aprecia al comparar los casi 150.000 autónomos con beneficios de casi 22.000 euros y entre 3 y 5 empleados, frente a los más de 13.000 empresarios con beneficios de casi 46.000 euros y más de 20 empleados”, resalta Gestha.
Además, destaca que al comparar las estadísticas del IRPF correspondientes a la serie histórica, se observa que el diferencial entre las rentas declaradas por unos y otros se ha ido ensanchando ininterrumpidamente y de forma bastante significativa desde 1993, aumentando la brecha en la última década desde 2008 a 2017 en 1.343 euros respecto de lo que declara el profesional y empresario en estimación directa y 3.979 euros respecto del empresario en estimación objetiva no agropecuaria, con un aumento máximo de la brecha en la Comunidad de Madrid de 5.328 euros en esta década.
Ante esta situación, Gestha reclama a la Agencia Tributaria que, al igual que en el caso de las empresas, generalice el envío de cartas informativas a los autónomos que estén por debajo de las ratios de la media de su sector económico en el territorio y, a continuación, inicie las investigaciones pertinentes a aquellos que evidencien mayores señales de fraude y no hayan presentado declaraciones complementarias.
Los técnicos remarcan que, en líneas generales, la brecha resulta casi 3.000 euros superior en el régimen de módulos (estimación objetiva), en el que hoy en día tributan menos de 1,3 millones de autónomos.
En este sentido, propondrá al Ministerio de Hacienda una transición gradual en cuatro fases. En la primera, que comenzará en 2020, proponen que no se prorroguen los límites excluyentes anteriores a la reforma fiscal de 2014, por lo que quedarían a la mitad de los vigentes; en la segunda (en 2021) se pide que se excluya de este régimen a quien emita facturas a otros empresarios o profesionales por más del 25% de sus ingresos (actualmente el 50%); que a partir de 2022 se excluya a los microempresarios no agrarios; y que, finalmente, en 2023 se derogue definitivamente el régimen de la estimación objetiva por signos, índices y módulos.