La Comisión Europea, con sede en Bruselas, considera que las normas españolas sobre compensación por los daños y perjuicios causados por el Estado, por lo que llevará al país al Tribunal de Justicia de la Unión.
Bruselas opina que la normativa es contraria al Derecho de la Unión Europea, porque incluye condiciones casi imposibles de cumplir por los ciudadanos. Entre otras cosas, las medidas dificultan la reclamación por las pérdidas sufridas por el cobro de la ‘plusvalía municipal’.
Bruselas consideró además que la normativa española limita la autonomía procesal y sustantiva de los Estados miembros al establecer las condiciones de responsabilidad en caso de infracción del Derecho de la Unión.
Según la jurisprudencia consolidada, estas condiciones hacen excesivamente difícil la concesión de indemnizaciones por parte del Estado por infracciones del Derecho de la Unión y, por tanto, violan el principio de efectividad.