La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha incluido a la empresa aragonesa de renovables Forestalia dentro de la denominada “actividad precedente” atribuida al grupo HIRUROK, integrado por Leire Díez, Vicente Cecilio Fernández Guerrero y Joseba Antxón Alonso Egurrola. Según el informe remitido al juzgado, los investigadores analizan una actuación relacionada con una inversión pública de 17,32 millones de euros en Arapellet SL, sociedad perteneciente al grupo Forestalia.

El atestado señala que HIRUROK, a través de Vicente Fernández Guerrero, habría realizado “algún tipo de actividad” ante SEPIDES que, aparentemente, pudo favorecer la aprobación de esa inversión pública. La UCO presenta esta actuación como una de las primeras operaciones en las que el grupo habría desplegado su capacidad de intermediación ante organismos públicos.

Una comisión pactada de 200.000 euros

Según el informe policial, por el otorgamiento de la inversión se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros a favor del grupo HIRUROK. No obstante, la propia UCO formula esta conclusión en términos indiciarios y recuerda que sus apreciaciones quedan sometidas a la valoración judicial.

La Guardia Civil también precisa que desconoce el modo concreto en el que se habría realizado ese pago o si llegó a materializarse de forma efectiva. Por ello, el documento habla de un supuesto pacto previo asociado a la aprobación de la inversión pública en la filial de Forestalia.

El informe incorpora esta operativa para contextualizar el nacimiento y el funcionamiento inicial de HIRUROK antes de los hechos que centran el grueso del atestado. En ese marco, la UCO sitúa la actuación relacionada con Forestalia como uno de los elementos que permitirían explicar la actividad inicial del grupo.

El papel atribuido a Leire Díez y Santos Cerdán

El documento policial atribuye a Leire Díez un papel ejecutivo dentro de la presunta estructura investigada. Además, sitúa a Santos Cerdán en una posición superior, al señalar que no solo habría dado instrucciones a Díez, sino que también habría puesto a disposición de la actividad investigada medios logísticos vinculados al PSOE.

Entre esos medios, el informe menciona reuniones en la sede de Ferraz, aparcamiento, viajes, alquileres de vehículos y otras gestiones. Según el atestado, la Guardia Civil contabiliza 35 reuniones entre Cerdán y Díez, de las que al menos 18 se habrían celebrado en la sede socialista.

La UCO interpreta estos datos como parte de una estructura de funcionamiento en la que se habrían utilizado recursos y espacios del partido para desarrollar parte de las actividades investigadas. En cualquier caso, el informe mantiene el carácter indiciario de sus conclusiones y remite su valoración final al ámbito judicial.

Una estrategia sobre causas sensibles

El atestado sostiene que la presunta organización actuaba con una estrategia dirigida a incidir sobre causas judiciales sensibles para el Gobierno y el PSOE. En ese contexto, la UCO cita como objetivos de interés a jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia.

El informe también recoge que Leire Díez habría señalado como prioridad principal “el Presidente”. Además, reproduce una expresión atribuida a Díez en relación con el procedimiento que afectaba al hermano del presidente del Gobierno, en la que se indicaba “Paso 1: destruir procedimiento”.

La investigación, según el atestado, combina así dos planos. Por un lado, la posible intermediación ante un organismo público para favorecer una inversión en una empresa vinculada a Forestalia. Por otro, el análisis de una presunta estructura organizada con capacidad para actuar sobre asuntos judiciales considerados sensibles.

La UCO subraya que sus conclusiones forman parte de un informe policial y que deberán ser valoradas por el juzgado. Por el momento, el documento sitúa la inversión de 17,32 millones de euros en Arapellet SL y la supuesta comisión de 200.000 euros como elementos relevantes dentro de la actividad atribuida a HIRUROK.

El caso queda ahora pendiente de la evolución judicial y de la valoración de los indicios recogidos por la Guardia Civil. La investigación trata de determinar el alcance real de la supuesta intermediación, el papel de sus participantes y si existió o no una contraprestación económica vinculada a la aprobación de la inversión pública.