Lo más relevante de la Ley de medidas urgentes sobre alquiler

Lo más relevante de la Ley de medidas urgentes sobre alquiler

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Los especialistas no ven un futuro alentador tras analizar el Real Decreto Ley de medidas urgentes sobre alquiler. Es un texto legal que aún espera por la convalidación del Congreso.

Por ejemplo, los analistas sostienen que sin la falta de control de precios clara y con el parque de viviendas de 3,6 millones de euros sin utilizar, la escalada de precios será más lenta porque ahora los contratos no podrán subir por encima del IPC a anual.

Uno de los especialistas es Antonio Gallardo, experto financiero del portal iAhorro.com y Francisco Morote y portavoz nacional de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El tema más polémico es la limitación de los precios en mano de las comunidades autónomas, pues va en contra del modelo económico de oferta y demanda. Se augura una aplicación muy desigual.

Luego están las subidas conforme al IPC, que beneficia que podrá suscribir acuerdos con su casero para que las subidas no superen el IPC anual. Aunque, esto no frena la escalada, serán aumentos más escalonados.

La mayor duración de los contratos volverá. La norma mantiene el requisito que recogía el anterior Real Decreto tumbado por el Congreso en enero por el que se establecía en cinco años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en caso de que el arrendador sea persona jurídica, en el que el plazo será de siete años.

El Real Decreto Ley retoma un tema olvidado: la movilización de la vivienda vacía. “Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística en España habría 3,4 millones de casas desocupadas. La inmensa mayoría es propiedad de grandes tenedores, conocidos popularmente como fondos buitres que las adquirieron a los bancos a precio irrisorios”, aclaró otro de los analistas, Francisco Morote.

La norma tiene escasas medidas para frenar los desahucios, que solo el pasado año llevó a 60.000 personas a la calle, según tanto del Consejo General del Poder Judicial. “Ahora se alarga el tiempo para que esa familia salga más tarde de la vivienda, pero sin resolver el problema de su nueva vivienda. Esta medida no evita los desahucios, lo que hace es retrasarlos ante la falta de vivienda social”, destaca Morote.

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