La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cotidiana en múltiples ámbitos: desde asistentes virtuales y sistemas de recomendación hasta aplicaciones en el sector sanitario, educativo o empresarial. Su expansión plantea beneficios evidentes, pero también retos legales que giran principalmente en torno a la protección de datos personales. En la Unión Europea, el marco fundamental es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), al que se suman directrices de autoridades nacionales como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La cuestión central es cómo garantizar que los sistemas de IA utilicen la información de manera responsable, transparente y conforme a la ley.

Uno de los grandes desafíos está en el principio de minimización: las empresas y organismos que utilizan IA deben recolectar y tratar solo los datos estrictamente necesarios. Sin embargo, muchos modelos requieren grandes volúmenes de información para entrenarse, lo que genera tensiones con esta norma. Además, la transparencia cobra especial relevancia. El RGPD reconoce el derecho de los usuarios a recibir explicaciones sobre las decisiones automatizadas que les afectan, algo complejo cuando hablamos de algoritmos de aprendizaje profundo cuya lógica interna resulta difícil de explicar incluso para sus propios desarrolladores.

El debate legal también se centra en la base de legitimación para el uso de datos. Mientras que en algunos contextos se puede recurrir al consentimiento explícito, en otros el interés legítimo de la empresa no siempre resulta suficiente. Por ejemplo, el entrenamiento de un modelo con datos de clientes plantea interrogantes sobre si estos han sido informados de manera clara y si cuentan con la posibilidad real de oponerse. A nivel práctico, la AEPD ha empezado a sancionar prácticas que considera desproporcionadas, enviando un mensaje contundente a las compañías que pretenden saltarse estas obligaciones.

La nueva Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que entrará en vigor progresivamente a partir de 2026, complementará al RGPD estableciendo requisitos específicos de seguridad, evaluación de riesgos y clasificación de sistemas de IA según su nivel de riesgo. Esto obligará a empresas y administraciones a auditar sus algoritmos y a justificar su uso cuando exista impacto significativo en derechos fundamentales.

Para los usuarios, la recomendación es clara: informarse sobre cómo las aplicaciones que utilizan manejan sus datos, leer políticas de privacidad y ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión cuando sea necesario. El futuro apunta hacia una convivencia inevitable entre IA y protección de datos, y el gran reto es que esta relación se base en la confianza y el respeto a la privacidad como derecho fundamental.