Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU ha condenado la Ley de Seguridad de Hong Kong y piden al Gobierno chino que dé explicaciones sobre cómo planea cumplir con el tratado internacional.

La polémica ley entró en vigor el pasado mes de junio y tiene como objetivo “controlar la injerencia extranjera para salvaguardar la seguridad nacional” que Pekín ve en las multitudinarias protestas que se llevan a cabo por el mal rumbo económico de la ciudad.

La Declaración Chino-Británica de 1984, que articuló la concesión de Hong Kong a China en 1997, estableció el mantenimiento durante al menos 50 años a partir de esa fecha de una serie de libertades en este territorio inimaginables en la China continental. No obstante, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, defienden que ese mandato ya se cumplió en su momento, de manera que Pekín tiene autoridad para imponer su ley en Hong Kong.

Hong Kong encadena tres trimestres consecutivos de caída de su PIB, situación que se ha visto agravada por el coronavirus. La tensión es muy elevada, con episodios de violencia y numerosas protestas contra Pekín -y China. Con la nueva ley, Pekín pretende controlar a los opositores y manifestantes con multas de hasta 50.000 euros y 3 años de cárcel a quienes injurien el Himno Nacional, entre otras restricciones.

Según los relatores de la ONU, el texto amenaza “la libertad de pensamiento, expresión y reunión” y “parece criminalizar la libertad de expresar cualquier crítica contra China”.

Además, añaden en la carta que la nueva ley parece socavar la independencia de los jueces y abogados de Hong Kong. La ley ya había suscitado críticas de la ONU antes de su adopción que permite que cualquier cosa que China considere subversiva, secesionista, terrorismo o colusión con fuerzas extranjeras pueda ser castigado con hasta cadena perpetua.

Los expertos independientes han señalado que las medidas de la ley no cumplen con las obligaciones legales de China en virtud del derecho internacional y han expresado su preocupación de que la legislación “carece de precisión e infringe determinados derechos fundamentales”.