El pasado jueves, Rafael Catalá, actual ministro de Justicia, compareció en la Comisión de Justicia del Congreso, revelando que 49 profesionales autorizados (entre abogados y procuradores) intentaron acceder a la información privada, incluyendo documentos judiciales, de perfiles de otros compañeros tras el fallo de LexNet el pasado 27 de julio.

Según explicó Catalá, estos accesos irregulares han sido “infructuosos y perfectamente indentificados”. Este asunto ha sido considerado como “grave”, ya que “49 profesionales de la Justicia, con nombres y apellidos, intentaron acceder a buzones de otros compañeros, conscientes de que esto no es ético ni legal, y sabiendo, además, que el problema había sido ya resuelto por el Ministerio”.

Todos los accesos se produjeron durante las 16 horas posteriores a que se hiciera público el error en el sistema de gestión procesal. No obstante, Catalá ha negado que el fallo que se produjo el pasado 27 de julio dejara expuestos a cualquiera millones de documentos judiciales a través de Internet, puesto que para haber logrado dicho objetivo, había que dar una serie de pasos “que no están al alcance de cualquier usuario medio”, ya que dicha persona tendría que acceder previamente al sistema autenticándose con su certificado y posteriormente modificar la URL de acceso a su buzón, un número de diez dígitos en el cual hay un código de cuatro que indica el número de buzón.

Solo se produjo un acceso “no autorizado” que fue bloqueado y ya ha sido denunciado ante la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo de Policía. En todo caso, el hacker únicamente pudo acceder a información pública que además estaba obsoleta, según ha explicado el ministro.

A lo largo de su comparecencia, Catalá ha defendido la eficiencia y seguridad del sistema LexNET –obligatorio para tramitar los documentos judiciales desde enero de 2016–, insistiendo en que es manifiestamente mejorable y que en ello se sigue trabajando desde su departamento.