El mayor sindicato de la administración de justicia exigió que se realicen test fiables de covid-19 a todos el personal que se vaya a incorporar a su puesto.
En la petición al Ministerio de Justicia, el CSIF indica: “Ahora que el confinamiento ha dado resultado y que las cifras oficiales van a la baja, no podemos permitirnos un rebrote por una vuelta incontrolada a la actividad”.
Javier Jordán de Urriés, presidente de CSIF Justicia le dirigió la misiva a Borga Vargues, secretario general de Innovación y de la calidad del servicio público de la Justicia.
Urriés plantea además un plan de reincorporación personal, que sea del conocimiento de los sindicatos y que incluya el suministro estable y suficiente de medios de protección, en especial mascarillas, para todo el personal que se reincorpore.
También solicita la restricción absoluta del acceso a los edificios judiciales y el control de permanencia en las sedes; una información actualizada puntual sobre la incidencia del virus en la Justicia y la activación de los comités de seguridad y salud, que han sido marginados en la toma de decisiones sobre la salud laboral en toda la crisis del covid-19.