El Ministerio de Trabajo y Economía Social está estudiando que las empresas con sede en un paraíso fiscal o que estén repartiendo dividendos no puedan acogerse a las condiciones de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Así lo ha indicado la titular del Departamento, Yolanda Díaz, en una entrevista concedida a ‘La Vanguardia‘, en la que ha señalado que el Ejecutivo ha diseñado unas fases de desescalada de las medidas adoptadas por el coronavirus que contemplan una transición en el mantenimiento de los ERTE.

Díaz ha indicado que el número de trabajadores afectados por ERTE en España se conocerá la próxima semana, aunque ha señalado que se publicarán las prestaciones reconocidas, que “no es la cifra definitiva”. No obstante, ha destacado que las previsiones de Trabajo contemplan una cifra de entre 3,5 y 4 millones de personas.

“La solicitud colectiva de desempleo se aprobó el 27 de marzo, es decir, que no empezaron a entrar en el SEPE hasta abril. Desde entonces, el ritmo es extraordinario, unos 200.000 expedientes reconocidos al día”, ha afirmado, al tiempo que ha apuntado que los ERTE se pagan con los impuestos de los españoles.

En cuanto a la adaptación de los ERTE a la desescalada, la ministra ha resaltado que están cerca de llegar a un acuerdo, puesto que, en su opinión, “no tendría demasiado sentido haber hecho un esfuerzo muy relevante por parte de las arcas públicas, y relevante en términos de sostenibilidad social porque es efectivo, y que ahora lo dejáramos caer”.

“Los ERTE van a continuar, lo que se está discutiendo es el alcance. Estamos hablando con sindicatos y patronal de cuánto es la prórroga y con qué protección social de desempleo y de las cuotas de la Seguridad Social. Y veremos también la importancia en las distintas fases no solo de los ERTE por fuerza mayor, sino también los de causas económicas, técnicas, organizativas y productivas”, ha señalado.