El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes desde la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái un ambicioso paquete de medidas legales y regulatorias que contempla, entre otras cosas, la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. El objetivo oficial del Ejecutivo es “proteger a los menores y recuperar el control en el entorno digital”, marcado por el aumento de contenidos dañinos, discursos de odio y desinformación que, a juicio de Sánchez, caracterizan al actual ecosistema de las plataformas tecnológicas.

En una intervención ante el plenario de la cumbre, en la que participan alrededor de una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, Sánchez subrayó que las redes sociales se han convertido en un “estado fallido” donde “las leyes se ignoran, los delitos se toleran y la desinformación vale más que la verdad”. Sánchez insistió en la necesidad de “proteger a nuestros jóvenes del salvaje oeste digital”, incluyó la promesa de que el Gobierno aprobará la próxima semana en el Consejo de Ministros este paquete normativo para obligar a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad efectivos.

Un cambio legal con alcance amplio

La medida principal anunciada consiste en elevar de 14 a 16 años la edad a partir de la cual una persona puede acceder libremente a redes sociales y prestar consentimiento al tratamiento de sus datos personales. Bajo la propuesta que impulsa el Gobierno, las plataformas deberán bloquear a usuarios menores de 16 años mediante mecanismos fiables de verificación de edad, sin excepciones basadas únicamente en consentimiento parental.

El anuncio se enmarca en la tramitación parlamentaria de la Ley de Protección de Personas Menores en Entornos Digitales, un proyecto de ley orgánica que ya contempla esta modificación, y que Sánchez ha vinculado con las otras reformas anunciadas para transformar el entorno digital en un espacio más seguro y respetuoso con los derechos fundamentales.

Reacción y contexto internacional

La medida sitúa a España entre los países que han planteado restricciones de edad estrictas en el entorno digital para menores. Australia, por ejemplo, ya implementó desde diciembre de 2025 una legislación que prohíbe a menores de 16 años tener cuentas en una serie de plataformas sociales si estas no adoptan medidas de verificación efectivas.

La iniciativa española también se produce en un momento en que otros países europeos, como Francia y Grecia, han anunciado propuestas similares o debatido límites de edad entre los 15 y los 16 años, aunque con variaciones en torno al consentimiento parental o la implementación tecnológica de los controles.

El anuncio ha suscitado tanto aplausos como inquietudes. Parte del sector educativo y organizaciones de protección de menores han valorado positivamente la iniciativa como un paso hacia la seguridad infantil en línea, mientras que expertos en derechos digitales advierten sobre desafíos prácticos y jurídicos asociados con la implementación y con posibles tensiones con normativas europeas, como la Directiva de Servicios Digitales.

Aunque el compromiso del Ejecutivo es iniciar la aprobación del paquete legal en el corto plazo, la medida aún deberá superar el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados y posibles ajustes en su trámite. La restricción, si prospera, marcará un hito en la regulación del uso de redes sociales por parte de menores en Europa y podría influir en normativas similares en otros Estados.