España ha incumplido las normas europeas en materia de contratación pública y concesión de contratos, por lo que la Comisión Europea le ha abierto un expediente sancionador.

Estas normas europeas forman parte de una nueva legislación común que los Estados miembro deberían haber trasladado a sus leyes nacionales a más tardar en abril de 2016.

Las autoridades españolas notificaron a Bruselas la transposición de las dos directivas implicadas en este marco, pero la evaluación realizada con posterioridad por los servicios comunitarios reportaron dudas de que la legislación nacional se haya adaptado correctamente.

El Ejecutivo comunitario ve deficiencias, en detalle, en el alcance de la aplicación de las directivas, sobre todo en lo que se refiere a la modificación de contratos y al cálculo del valor estimado de los contratos en casos específicos.

La correcta aplicación de las normas de contratación pública “garantiza la mejor relación calidad-precio para las compras públicas, facilita y abarata las licitaciones para las pymes y ofrece más oportunidades”, según defiende la Comisión en un comunicado.

El primer paso de este expediente es el envío de una carta de emplazamiento en la que el Ejecutivo comunitario informa a las autoridades del Estado miembro de los problemas identificados y le da un plazo de dos meses para responder y ofrecer soluciones.

Si no se resuelven esas cuestiones, habrá un dictamen motivado que da un nuevo plazo para el diálogo y, de no resolverse tampoco en esa etapa, el caso es remitido Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.