La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a cinco meses y diez días de prisión y al pago de una multa de 204 euros a un hombre que falsificó documentación mercantil para obtener una subvención financiada por el Fondo Social Europeo. Además, deberá devolver la ayuda percibida de manera fraudulenta, que podría alcanzar los 25.642 euros.

La sentencia se ha dictado tras un acuerdo de conformidad, después de que el acusado reconociera los hechos. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de dos años y tres meses de prisión, pero finalmente se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, lo que ha permitido rebajar considerablemente la condena.

Una subvención para formación en exportación

Los hechos se remontan a 2009, cuando el Ayuntamiento de Alfaro solicitó y obtuvo una subvención para impartir un curso formativo titulado “Agente comercial para exportación. Inglés comercial”, financiado con fondos europeos.

Para ejecutar el curso, el Ayuntamiento contrató a una persona que, a su vez, subcontrató a dos docentes. Según el relato de hechos probado, el acusado aportó al expediente administrativo contratos con firmas simuladas de los profesores, con el fin de aparentar que existían acuerdos formales por escrito, cuando en realidad la relación se había pactado verbalmente.

Facturas infladas y gastos inexistentes

Además de los contratos falsificados, el condenado presentó facturas y justificantes simulados por conceptos que no existían o por importes superiores a los reales, especialmente en dietas y kilometraje.

Mientras que los docentes únicamente emitieron tres facturas por un total de 7.680 euros, el acusado llegó a percibir del Ayuntamiento 23.360 euros en concepto de gastos de docencia. De este modo, obtuvo un beneficio ilícito de 15.880 euros.

Devolución del dinero y suspensión de la pena

En concepto de responsabilidad civil, la Audiencia impone al acusado la obligación de devolver al Ayuntamiento de Alfaro la cantidad defraudada, que podría ascender como máximo a 25.642 euros. La cifra exacta se determinará durante la ejecución de la sentencia.

La pena de prisión ha quedado suspendida con la condición de que el condenado no cometa ningún delito en los próximos tres años y abone las cantidades fijadas como responsabilidad civil.