La Comisión Europea llamó la atención de tres aspectos importantes en la política gubernamental de España: destaca la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la dependencia de la Fiscalía del Ejecutivo y la falta de una estrategia general anticorrupción.

Todo está recogido en el Informe sobre el Estado de Derecho en los Veintisiete, publicado el miércoles por Bruselas.

La Comisión recordó en su documento que las asociaciones profesionales han impugnado la independencia e imparcialidad de la Fiscalía, y consideran que no puede recibir instrucciones u órdenes de la Gobierno o cualquier otro órgano administrativo o judicial.

Pero, determinó que en la actualidad el Gobierno puede señalar a la atención del Fiscal General las acciones pertinentes en defensa del interés público.

“La relación entre el Fiscal General y el ejecutivo es objeto de debate, en particular el régimen de nombramiento y la duración del mandato de la oficina del Fiscal General, así como el registro de las comunicaciones con la Ministro de Justicia”, señaló Bruselas.

La falta de transparencia en la comunicación entre el Ejecutivo y la Fiscalía también preocupa a la Comisión Europea, pues no requiere que se haga pública, ni es obligatorio registrar esas comunicaciones por escrito; una situación denunciada por el Grupo de los Estados contra la Corrupción (Greco).

El informe reconoce que España ha reforzado su marco anticorrupción en los últimos años, tanto en prevención como en medidas represivas. Pero, cree necesario seguir la recomendación del Greco sobre la conveniencia de que la Policía y la Guardia Civil aumentasen su coordinación y desarrollasen colectivamente una estrategia diseñada para reforzar las actuaciones.